¿Qué propone el Gobierno?

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que tiene una dotación de más de 1.700 millones de euros. En él se incluyen ayudas directas para el «acceso a la vivienda habitual en régimen cooperativo o en promociones de cohousing», según indicó en la rueda de prensa posterior la ministra de Fomento, Raquel Sánchez. Al igual que el bono de alquiler, el reparto del Plan Estatal deberá consensuarse con las comunidades autónomas en la próxima conferencia sectorial.

El plan aprobado no define qué es cohousing, si bien establece que pobrán obtener estas ayudas «las promociones de modalidades residenciales tipo cohousing, de viviendas intergeneracionales o similares que se vayan a ceder en uso o destinar al arrendamiento durante un plazo mínimo de veinte años». Además, se admite cualquier forma jurídica y de titularidad pública o privada.

Las personas físicas o jurídicas beneficiarias podrán obtener hasta un máximo de 420 euros por metro cuadrado de superficie útil. Como estaba previsto, se establece una limitación del precio del alquiler o de la cesión en uso y la ayuda no podrá ser superior al 50% de la inversión, con un máximo de 50.000 euros por vivienda. Esta ayuda no es compatible con otras subvenciones del mismo plan, especifica el texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado este miércoles.

El modelo de cohousing que se propone no se destina a un tipo de colectivo concreto, aunque el Gobierno había comentado anteriormente que con este modelo de tenencia está pensando en mayores o en los temporeros, trabajadores del campo que vienen a España a trabajar temporalmente.

A tenor de lo que hemos explicado hasta ahora, parece que ese colectivo, normalmente con muy pocos recursos económicos, encajaría en el modelo de alquiler que añade el Gobierno, que para Rogelio Ruiz es igualmente una buena iniciativa, solo que «eso sería otro tipo de alojamiento, pero no es un cohousing».

Para otro expertos preocupa que la falta de definición pueda llevar a crear infraviviendas, como apunta Sergio Nasarre, catedrático de derecho civil de la Universitat Rovira i Virgili y exdirector de su Cátedra UNESCO de Vivienda: «Hay que hacerlo muy bien, que no caigamos en una vulneración del derecho a la vivienda». Y pone como ejemplo el decreto que aprobó la Generalitat de Catalunya, que reguló los alojamientos con espacios públicos compartidos en diciembre de 2020. La norma contemplaba minipisos de un mínimo de 24 m2 privados más 12 m2 correspondientes a espacios compartidos: «Eso es claramente una infravivienda», apunta el catedrático.

Precisamente, la ministra Sánchez ha explicado en rueda de prensa que el Gobierno busca «acabar con la infravivienda» con todo el paquete de medidas aprobado.

 

Otra comunidad que quiere empezar a impulsar este modelo es el Gobierno vasco, que ha llevado una experiencia piloto de protección pública en régimen de cesión de uso en Donosti y prevé esta legislatura realizar otro proyecto similar en Bilbao, según fuentes del Gobierno. No obstante, se trataría de una cesión de uso sin más, pero no un cohousing puro con una comunidad organizada detrás.

Una medida más

El cohousing viene para quedarse, pero no hay que pensar que es la panacea que va a solucionar el problema de la vivienda. No obstante, para Rogelio Ruiz, es un camino: «Y a medio o largo plazo lo notaríamos, porque estas viviendas estarían fuera del mercado».

«La covivienda es una de las muchas herramientas para mejorar la situación actual», pero «necesitamos métodos mucho más potentes para transformar realmente la vivienda». Desde Housing Europe, federación europea que promueve políticas de vivienda pública, social y colaborativa, opinan igualmente que solo es una medida más, a la que suman otras posibilidades: «Reservar el 30% de todo el suelo urbanizable para vivienda social o no dejar las casas vacías durante muchos años es un ejemplo real de cómo podemos mejorar la asequibilidad de la vivienda«, explican a laSexta.

Por cierto, que el cohousing no debe confundirse con el coliving (del inglés ‘living’, vivir), otro concepto similar de recursos compartidos, pero más centrado en personas que necesitan un espacio de trabajo común, que no tiene una perspectiva de vida a largo plazo en esa vivienda y que pagan un alquiler al uso. De nuevo, otro anglicismo con el que cargar.